La minería, un mal negociohttp://bit.ly/RwcBGm
miércoles, 31 de octubre de 2012
martes, 30 de octubre de 2012
miércoles, 24 de octubre de 2012
PROBLEMÁTICA MINERA EN COLOMBIA
¿Y si nos bajamos de la locomotora minera?
Por: César Rodríguez Garavito
Esa es la pregunta que dejó en el aire Nicholas Stern, el reputado economista que hizo el estudio más influyente sobre el costo del cambio climático y vino al congreso anual de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en COLOMBIA
Preguntado sobre el dilema entre conservar o abrir la Amazonia a la minería, respondió: “Puede resultar más rentable dejar esos recursos enterrados que explotarlos”. Tiene razón Stern. Pero como sus cuentas no cuadran con las de los economistas del Gobierno, hay que ir por partes para entenderlas. Y para ver que la solución al “desastre ambiental” que advirtió la contralora Morelli no es sólo ponerle rieles a la locomotora, sino pensar seriamente en irnos bajando de ella.
Así son las cuentas. Muchos nos beneficiamos desproporcionadamente de las acciones que agravan el calentamiento global: usted y yo, que liberamos toneladas de carbono y otros gases de efecto invernadero al comer carne, viajar en carro y avión y consumir mucho más que las personas cuya pobreza no les permite siquiera acceder a este periódico; las empresas que hacen bastante más de lo mismo al explotar o utilizar energía de combustibles fósiles como el petróleo o el carbón, y los gobiernos que facilitan todo lo anterior al estimular la producción de esos combustibles, o abrir las selvas a la minería y la ganadería.
El calentamiento planetario resultante tiene un costo altísimo. Según el Informe Stern, está entre el 5% y el 20% del PIB mundial anual. Costo que no pagamos quienes causamos el daño, sino principalmente los que han hecho poco o nada para generarlo, como los habitantes de los barrios pobres que se inundan por las lluvias extremas o las generaciones futuras que heredarán las consecuencias.
Por eso, las soluciones a la crisis apuntan a revertir la situación, haciendo pagar a los que más contaminan y compensando a los que menos. Aunque no ha funcionado por falta de acuerdos internacionales y voluntad de gobiernos y empresas, esa es la lógica de sistemas como los mercados de carbono, que recompensan a comunidades y países que preserven bosques y se abstengan de contaminar.
¿Qué tiene que ver todo esto con la locomotora minera o con el debate sobre la moratoria minera que en buena hora el Gobierno decretó en la Amazonia? Todo. Porque la lógica de la locomotora es maximizar los ingresos de corto plazo, aunque impliquen costos económicos (y no económicos) mayores, representados por el valor de la biodiversidad perdida y las toneladas adicionales de carbono que liberan los combustibles desenterrados y las selvas deforestadas. La lógica de la moratoria en la Amazonia —que el ministro Uribe debería mantener— es justamente la inversa.
El problema es que es fácil saber el precio de los minerales y encontrar compradores, pero no lo es calcular el valor de la biodiversidad ni encontrar quién pague por preservarla. Como lo dijo Stern, para eso habría que cambiar las cuentas y las reglas de juego globales, que hoy hacen más rentable acelerar la locomotora que detenerla.
El ambiental es un problema parecido al de las drogas. Las políticas existentes no están funcionando y reemplazarlas requiere coordinación internacional. De ahí que los cambios tengan que ser graduales y que la iniciativa deba venir de los países que son más afectados.
Como con las drogas, Colombia es uno de los países más golpeados por el cambio climático. También es uno de los más biodiversos y copropietario de la Amazonia, pulmón del planeta. De modo que el Gobierno tiene todo para tomar la iniciativa también en este tema.
La oportunidad es justamente la moratoria en la Amazonia. Como lo hizo Ecuador con el parque Yasuní, el Gobierno podría ofrecer extenderla indefinidamente si la comunidad internacional recompensa al país por los recursos no extraídos y por la biodiversidad y el carbono retenidos. Seguro Stern ayudaría a hacer las cuentas.
domingo, 21 de octubre de 2012
sábado, 20 de octubre de 2012
viernes, 19 de octubre de 2012
miércoles, 17 de octubre de 2012
martes, 16 de octubre de 2012
DESASTRE AMBIENTAL EN COLOMBIA
'Colombia está al borde de un desastre ambiental': Sandra Morelli
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La Contralora general de la República desmiente y rectifica al Ministro del Medio Ambiente.
"Colombia está al borde de un desastre ambiental". Así lo sostiene categóricamente la contralora general de la República, Sandra Morelli.
La alta funcionaria enfrenta además, duramente, al ministro del Medio Ambiente, Juan Gabriel Uribe; lo ataca, lo rectifica y reafirma que Cerro Matoso no tiene licencia ambiental. Y advierte además que la eventual prórroga del contrato de explotación de ferro níquel "se caerá" si no tramita la licencia ambiental.
"Colombia firma todos los tratados de medio ambiente, de transporte de residuos tóxicos, de protección de los trabajadores en las zonas mineras, de controles al agua, de edad de los trabajadores; hace parte del observatorio informativo sobre la explotación del níquel; suscribe convenciones de medio ambiente de Kyoto, de Río de Janeiro, y los funcionarios parecen olvidar su carácter vinculante".
Pero el Ministro de Medio Ambiente dijo que las cumplía con creces...
No es así. En licencias ambientales estamos muy mal. El Ministro está equivocadísimo. Él no puede actuar como abogado y afirmar, sin que ello sea cierto, que ellos sí tienen licencia ambiental. Resulta que los permisos que invocan los concesionarios fueron declarados inconstitucionales por la Corte, y hubo también decisión del Consejo de Estado. Cerro Matoso no tiene licencia ambiental y no hace manejo adecuado del medio ambiente. La exploración y la explotación tienen trato jurídico distinto; no se ha pagado tasa de vertimiento, no tienen plan de manejo de aguas y nunca han tramitado ante el Ministerio un estudio de impacto ambiental y de mitigación de ese impacto. No es una mera información de que van a explorar, como la que presentaron desde 1981. La Corte Constitucional y el Consejo de Estado declararon la inconstitucionalidad de los decretos que establecían el llamado Dema (Documento de evaluación y manejo ambiental). Luego hubo prórrogas y adiciones contractuales y se siguió con los mismos permisos, a pesar de que ya se había promulgado la Ley 99 de 1993, o sea, la ley ambiental.
¿Qué riesgos corre Cerro Matoso si no gestiona su licencia ambiental?
No tener licencia ambiental genera la caducidad de contrato, y en vez de estar alegando con la Contraloría, deberían empezar los trámites rapidito.
¿En la negociación de prórroga se debe incluir la exigencia de la licencia?
Eso no se puede negociar; no podemos negociar las leyes. Si no hay licencia, no puede haber contrato. Es muy duro decirlo, pero no me lo inventé yo. Afirmo categóricamente: no tienen licencia. Y mientras no la tengan, no puede haber prórroga. Pretermitir la licencia puede originar responsabilidad disciplinaria.
¿Contra Cerro Matoso o contra el Ministro?
Contra los dos. El Procurador pidió todas nuestras actuaciones y él investiga. Tiene serias preocupaciones, como las tiene el Defensor del Pueblo, sobre los efectos nocivos contra la comunidad, porque se sabe que hay residuos posiblemente tóxicos, y no se conocen los efectos; eso internacionalmente podría generar serias sanciones. Recuerde que el Consejo de Estado planteó adaptar el contrato a la legislación vigente y a los estándares internacionales en materia ambiental, minera y social.
¿Lo que usted dice puede interpretarse como una amenaza al Ministro?
No. Lo que quisiera recordarle al Ministro y también pedirle al Gobierno es que entienda que la legalidad nos somete; es un yugo que obliga al Gobierno, obliga a Cerro Matoso, obliga al Ministro y me obliga a mí. No es que yo sea mala ni el Procurador sea malo, que ellos son buenos y amigos del desarrollo y nosotros los perseguimos. Es que la ley se debe cumplir.
¿Concretamente, Cerro Matoso a qué se expone?
A que un juez declare la caducidad del contrato. La obligación de la licencia surgió desde 1993 y nunca hicieron los trámites para obtenerla. No es solamente un tema semántico; el permiso con que ellos funcionan era el Dema, que fue declarado inconstitucional por la Corte en 1998; es decir que desapareció del orden jurídico, y no es una licencia ambiental. Lo digo claramente: si no se consigue la licencia ambiental, el contrato se caerá en los tribunales.
¿Ante quién se tramita la licencia?
Ante el Ministerio de Medio Ambiente.
Pero si el Ministerio dice que no la necesita porque la tiene, ¿qué se hace?
Cerro Matoso está en esa encrucijada. El Ministro les quería facilitar la prórroga y parece que les va a terminar haciendo un daño.
¿Pero a quién le debe creer Cerro Matoso: a usted o al Ministro?
Al ordenamiento jurídico. Yo estoy segura de lo que digo. Además, en Cerro Matoso no sabemos qué pasó con el ferro, o sea, el hierro. Tuvieron licencia para explotación de níquel, nunca para hierro. Y no están pagando regalías por la explotación de hierro. Estamos revisando eso.
¿El problema de medio ambiente en el país está limitado a este asunto?
No, no, no. Tenemos realmente un problema ambiental serio en el país: Santa Marta, Cartagena, El Cerrejón en La Guajira, la minería del Cesar...
¿Cómo va el problema de la bahía de Santa Marta?
Hay mal manejo de aguas, transporte descubierto de carbón, barcazas no permitidas en la zona. Cuando vierten el carbón en estas viejas embarcaciones con banderas de países muy raros, están contaminando playas y mar. A eso súmele que el río Manzanares fue desviado por la construcción de la marina; el sedimento y el mugre que viene como de la deforestación caen a la bahía y permanecen allí. Las fábricas de aceite no ayudan; hubo dos derrames y dijeron que, como era aceite natural, no contaminaban. Y tampoco el manejo de lixiviados ni las condiciones del emisario submarino responden a parámetros exigibles.
¿Cuál es la compañía responsable de eso?
Primero que todos, las autoridades que nada les exigen a los hoteles, ni a Prodeco, ni a Drummond.
¿Qué ha hecho la Contraloría?
Frente a todos ellos, estamos contra viento y marea, contra infiltrados y corruptos, calculando el monto del daño ambiental para proceder a obtener los recursos para reparar el daño causado.
¿Cuál es el problema con la marina de Santa Marta?
Es una concesión a los Dávila Abondano, sin contraprestación para el Estado. Ellos manejan la Sociedad Portuaria, y el Distrito modificó el POT mediante un extraño procedimiento que incluye el mar. Se están valorando los daños ambientales que causó esa construcción por la dinámica de las corrientes que dañan la fauna y la flora marina de la bahía. El paisaje se alteró, y el material usado causó un grave deterioro sobre la quebrada la Lata.
En resumen: crisis en medio ambiente por Cerro Matoso, crisis por la Drummond, crisis en Santa Marta, crisis en Cartagena, crisis por Cerrejón....
Mire: Colombia está expuesta a un desastre ambiental. Está en riesgo porque, al lado de la explotación minera y al lado del uso de los recursos naturales, no hay autoridades ambientales que estén exigiéndole a todo el mundo, no solo a Cerro Matoso, que dejen de deforestar y de contaminar. Los que están diseñando mal el canal del Dique van a acabar con todas las islas del Rosario. Ojalá el país reaccione: la perspectiva ambiental de Colombia es terrible. Agréguele el Tayrona. No tenemos autoridad ambiental. Recuerde que en años pasados se desarticuló el sistema nacional ambiental y se fusionó el Ministerio de Medio Ambiente con el de Vivienda y Desarrollo Territorial. Es como si siguiéramos en el siglo XIX. Es increíble no darle importancia a lo que más le preocupa hoy al mundo: el medio ambiente. Las lagunas se están secando. En el embalse del Neusa, la CAR de Cundinamarca mandó quitar todo el bosque y se demoró en reforestar, de tal manera que la capa vegetal terminó en el agua. Y no olvide el Tolima con la Colosa y Santander con Santurbán. En el primer caso, el tema del agua debe ser resuelto; en el segundo, explotación y exploración se confunden. Y está la minería ilegal. Y el carbón en Boyacá. Y el oro en Antioquia, Caldas y Chocó. Y el coltán, que el Gobierno ni siquiera clasificó como mineral sujeto al pago de regalías. Colombia está al borde de un desastre ambiental.
¿Cuál es el inventario completo?
Todo el escenario terrible que le acabo de describir; en ese inventario ambiental está la bahía de Santa Marta, la manipulación y transporte anti- técnico del carbón en toda la bahía; acumulación de residuos de carbón. Contaminación del río Manzanares por ocupación incontrolada de viviendas en la cuenca. Para el emisario submarino, que recoge las aguas negras de la ciudad, no hay tratamiento previo, y eso causa daño al ecosistema marino. La marina internacional en el puerto causa daño ambiental y ecológico, además de una invasión incontrolada del espacio público, y hay un manejo ineficiente de residuos sólidos de la planta de Palangana.
¿Y en Cartagena?
El emisario submarino, por deficiencias en diseño y construcción, está generando un daño ambiental y social, para un detrimento fiscal estimado de 19.000 millones de pesos.
¿Y el caso del río Ranchería, en La Guajira?
Daño ambiental y daño cultural múltiple por el impacto de la reubicación del río, que significa mover de su cauce al río a una distancia de 26 km, sin haber tenido en cuenta los efectos ambientales y sociales del proyecto. En el centro del país hay también hallazgos preocupantes: la represa del Quimbo, cuyas obras representan una afectación ambiental y social de enormes proporciones. Se abrió juicio de responsabilidad por un daño valorado en 352.000 millones de pesos.
¿Y qué pasa en el interior?
En varios departamentos, la Contraloría ha comprobado daños en los ecosistemas de páramo provocados por la explotación minera ilegal, que no ha tenido adecuado control por parte de las autoridades locales ambientales. Es el caso de los páramos de Rabanal y Pisba, en Boyacá; Guerrero, en Cundinamarca y Santurbán en Santander. Se está produciendo afectación en nacimientos de ríos. En la sabana de Bogotá avanza una auditoría a 65 entidades oficiales por debilidad institucional y deficiencias en el manejo y control de aguas residuales, que causan enorme contaminación en el río Bogotá. En la región de la Orinoquía, se han establecido graves riesgos ambientales y sociales relacionados con la agroindustria y con hidrocarburos, contaminación química de aguas, pérdida de diversidad cultural, presión sobre los pueblos indígenas y cambio de uso del suelo por proyectos agroindustriales, ganadería extensiva y actividad minera, sin un adecuado ordenamiento territorial.
Este resumen presenta al país en un estado de asombrosa gravedad en lo ambiental...
No tenga dudas: Colombia está al borde de un colapso ambiental sin antecedentes en nuestra historia.
YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO
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